28 Oct Violencia de género y ruralidad en España

 

Violencia de género y ruralidad en España

Hablar de violencia de género es un tabú para muchas mujeres, en especial en el ámbito rural. En este medio la mujer sufre una discriminación peculiar, pues la desigualdad de género es aún más marcada que en las ciudades. Además, es habitual la ausencia de anonimato en las mujeres que viven en las comunidades rurales, en especial en las poblaciones más pequeñas, circunstancia que limita su empoderamiento individual. Es necesaria una mayor visibilización por la sociedad de sus necesidades y circunstancias específicas. Por otra parte, la propia definición de ruralidad de un ámbito territorial es compleja y no coincidente en el ámbito institucional. Por ello, el equipo de la Fundación Matrix, usando una clasificación propia de la ruralidad de unidades territoriales de toda España, aporta información novedosa, descriptiva y visual de algunas cifras de la violencia de género en relación con la ruralidad. Con datos estadísticos fiables se aprecian las dimensiones de este problema social. Ayuda a contextualizar los posibles factores de riesgo y reflexionar sobre aquello que las cifras estadísticas no pueden revelar.

 

Desde la Fundación Matrix hemos descrito los patrones de variación geográfica de la violencia machista, evaluado su variación temporal, analizado cómo son las víctimas de violencia de género en España y definido un modelo predictivo de esta violencia. Hemos identificado los factores de riesgo en Cataluña y establecido áreas prioritarias de intervención mediante una herramienta específica, el Barómetro de la Violencia Machista 2019 de este territorio. A continuación sintetizamos algunos datos empíricos sobre la realidad de la violencia de género para comprenderla mejor en el medio rural.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género promueve la especial atención al medio rural: mejorar el conocimiento para la prevención, más campañas de sensibilización, perfeccionar la asistencia y ayuda a las víctimas –incluyendo la actuación policial y la tutela penal–, y apoyar la participación y protección de la mujer rural.

 

Aunque existen definiciones de ruralidad que en muchos casos se basan  en una única variable, el número de habitantes, muchas áreas de transición entre medio rural y urbano, donde existen cifras de violencia de género preocupantes, quedan excluidas. Para resolver este problema los investigadores de la Fundación Matrix usamos cinco clases o categorías territoriales de ruralidad que, ordenadas, definen un gradiente o variación gradual progresiva. Demostramos su utilidad a escala de municipios en un estudio previo: ‘rural extremo’, ‘rural intenso’, ‘rural y semi-rural’, ‘semi-urbano’ y ‘urbano’.

A lo largo de este gradiente de ruralidad, disminuye la superficie relativa agrícola y forestal, el tamaño poblacional, la densidad de habitantes, y aumenta el envejecimiento poblacional; además, las poblaciones asociadas presentan un cambio en su dinámica, de un intenso declive a una tasa de crecimiento notable. Paralelamente, a lo largo de ese gradiente aumenta la accesibilidad vial, definida como la cercanía o lejanía de la población residente en un área concreta a una o varias áreas que concentran los principales servicios básicos (asistenciales, socio-sanitarios, etc.) y las oportunidades de empleo (municipios cabeceras comarcales, ciudades, capitales de provincia). Con esta clasificación de ruralidad del territorio realizada por la Fundación Matrix, se concluye que el 96% de la superficie española es rural (el 93% de los municipios), y es el lugar de residencia del 53% de las mujeres (12,7 millones).

Por todo ello nos preguntamos inicialmente cómo varía la presencia de la mujer en el territorio español. Con este fin usamos como unidad espacial en una investigación cuantitativa los 431 partidos judiciales de España (unidad de la Administración de Justicia formada por uno o más municipios). A estas unidades se asocian las denuncias por hechos de violencia de género ocurridos en los municipios que componen un partido judicial. Existe una disminución progresiva y ligera de la masculinización a lo largo del gradiente de ruralidad de partidos judiciales. La proporción de mujeres en la población varía desde un 45% en el ámbito ‘rural extremo’ a un 51% en el ámbito ‘urbano’ (Figura 1).

En otras palabras, la masculinización es muy marcada solamente en el ámbito ‘rural extremo’, donde hay 83 mujeres por cada 100 varones, mientras que en las demás clases rurales es ligera, ya que existen 94 o 95 mujeres por cada 100 varones, frente a una ligerísima feminización de las clases ‘semi-urbana’ y ‘urbana’. No obstante, a edades avanzadas ocurre una sobrerrepresentación femenina, no exclusiva del ámbito rural.

 

Violencia de género y ruralidad

¿Cuánta violencia machista hay en el medio rural? Para dar una respuesta usamos los datos de denuncias presentadas por hechos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja recopilados por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Están referidos a los partidos judiciales de España ­en el periodo 2007-2017.

Analizamos su variabilidad en el gradiente de ruralidad mencionado y detectamos que el número total de denuncias por violencia de género varía según la clase de ruralidad. De un total de alrededor de un millón y medio de denuncias, los ámbitos ‘rural extremo’ y ‘rural intenso’ presentan el menor número (0,8% y 3,4% del total, respectivamente). El ámbito ‘urbano’, sin embargo, concentra la mayor proporción (43,2%), seguido del ‘rural y semi-rural’ (43,7%), siendo mucho menor en el ‘semi-urbano’ (8,8%).

El número promedio de denuncias por partido judicial aumenta de forma gradual y muy intensa a lo largo del gradiente de ruralidad (Figura 2), desde el ‘rural extremo’ cuyo promedio es 451 denuncias, hasta el ‘urbano’, con casi 23 veces más denuncias en promedio que el ‘rural extremo’ (10.229 denuncias).

 

Por tanto, considerando números absolutos, relativos y en especial promedios, se puede afirmar que la cantidad de hechos de maltrato machista a las mujeres registrados por el sistema judicial presenta una menor concentración a medida que se acentúa el carácter rural del territorio. No obstante, es muy relevante que en aquel territorio parcial o claramente rural (es decir, también en los ámbitos considerados ‘rural y semi-rural’), las denuncias por violencia de género representan alrededor de la mitad del total en España.

La tasa anual de violencia a escala de partido judicial, es decir, la proporción de denuncias por violencia de género respecto a la población de mujeres de 15 o más años, permite una mejor visualización territorial. Hemos definido cuatro clases de tasas, desde baja-moderada a extrema, y simplificado para dos clases de ruralidad, ‘rural’ y ‘urbano’, incluyendo en esta última clase los ámbitos ‘semi-urbano’ y ‘urbano’, y el resto en la clase ‘rural’ (Tabla 1).

Tabla 1. Número de partidos judiciales rurales y urbanos en cada clase de tasa de violencia de género (denuncias) del periodo 2007-2017. Entre paréntesis se muestra el porcentaje de partidos judiciales sobre el total de cada clase de ruralidad. Fuente: INE y CGPJ.

Existen partidos judiciales con tasas de violencia muy altas, incluso de violencia intensa a extrema, tanto urbanos como rurales. Sin embargo, la distribución de las clases de tasa de violencia depende significativamente de la clase de ruralidad. Aunque en los ámbitos rural y urbano existen las cuatro clases de tasa de violencia, en el medio rural predominan las clases de tasas baja-moderada a alta (entre 0 y 5‰), y representan el 68% de partidos rurales. Por el contrario, en el ámbito urbano predominan las clases de tasas muy alta a extrema (desde el 5‰ hasta más del 8‰), y representan el 74% de los partidos urbanos. Un estudio previo reveló que la tasa anual de denuncias promedio de las áreas urbanas es 7,1‰, un 55% superior a la de áreas rurales (4,6‰).

 

Feminicidios y ruralidad

Diana Russell, psicóloga social sudafricana, profesora universitaria, investigadora y activista feminista a la que se atribuye la autoría del término feminicidio, lo define como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres cometido por hombres. Es un concepto que hay que visibilizar y comprender bien. El feminicidio íntimo es el tipo de homicidio de una mujer cometido por un hombre que era su pareja o expareja y con el cual mantuvo una relación íntima, de convivencia, familiar o afín. En España esta tipología representa entre el 50% y el 60% de los feminicidios.

¿Cuántos feminicidios hay en el medio rural? Usando la distribución territorial del número total de víctimas mortales por violencia de género oficiales (672 en el periodo 2007-2017), procedentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (feminicidios íntimos), los feminicidios varían según la clase de ruralidad. Los ámbitos ‘rural extremo’ y ‘rural intenso’ presentan el menor número, 2% y 7% del total, respectivamente. El ámbito ‘rural y semi-rural’ concentra la mayor proporción, 46%, seguido del ‘urbano’ (33%), siendo intermedio el ‘semi-urbano’ (12%). Por tanto, el 56% de los homicidios machistas en España tiene lugar en el territorio rural.

El número promedio de víctimas mortales por partido judicial aumenta de forma gradual y muy intensa a lo largo del gradiente de ruralidad, desde el ‘rural extremo’ (0,5 víctimas por millón de mujeres), hasta el ‘urbano’ (con un promedio de 3,5 víctimas por millón), 7,3 veces más alto que el ámbito ‘rural extremo’ (Figura 3).

Sin embargo, la tasa anual de feminicidios a escala de partido judicial, es decir, la proporción de asesinatos machistas respecto a la población de mujeres de 15 o más años, no presenta un patrón geográfico de variación claro con la ruralidad. Hemos definido siete clases de tasas anuales de feminicidio y simplificado para las dos clases de ruralidad, ‘rural’ y ‘urbano’ (Figura 4). Así, la distribución de las clases de tasas de feminicidios depende significativamente de la clase de ruralidad. En el territorio rural existen las siete clases de tasas de feminicidios, pero predominan las tasas más bajas, menos de 0,5 víctimas por millón de mujeres (49% de los partidos). Para tasas mayores de 2 víctimas por millón, y para cada clase de tasa, siempre existen más partidos judiciales rurales que urbanos, y para tasas superiores a 17 por millón, solo hay partidos rurales. En el ámbito urbano predominan las tasas entre 2 y 8 víctimas por millón de mujeres (62% de los partidos).

Si simplificamos aún más y definimos solo cuatro tasas de feminicidios, de nula-baja a extrema, observamos que también son interdependientes de la ruralidad. En el medio rural existen las cuatro clases de tasas, mientras en el urbano falta la clase intensa a extrema (más de 16 víctimas por millón). La clase de tasa de feminicidios nula a baja (entre 0 y 0,5 víctimas por millón) supone el 49% de los partidos rurales, pero solo el 12% de los urbanos. Las tasas de feminicidios moderadas a muy altas (entre 0,5 y 16 víctimas por millón), aunque son más frecuentes en partidos rurales que urbanos, son predominantes en términos relativos en estos últimos. Las tasas de feminicidios intensas a extremas (más de 16 víctimas por millón) sólo aparecen en partidos judiciales rurales (2%). En el territorio urbano predomina la clase de tasas de feminicidios moderada a alta (entre 0,5 y 4 víctimas por millón), y representa el 58% del total de partidos de este ámbito.

La tasa de feminicidios promedio rural (3,2 por millón) es similar a la tasa promedio urbana (3,3 víctimas por millón).

 

En resumen, en el medio rural de España se produce un número de feminicidios que evidencia que la realidad violenta y de desigualdad de género no es exclusivamente urbana. En general, el territorio rural español es mucho menos violento que el urbano y presenta más áreas libres de homicidios machistas y menores tasas de feminicidios. Sin embargo, las tasas de feminicidios más extremas, aunque son excepcionales por su baja frecuencia, se dan en el medio rural y en algunos sitios multiplican la tasa de feminicidios promedio entre dos veces y media y veinte veces.

 

Riesgo rural de violencia machista

El aislamiento y menor accesibilidad por carreteras de muchas áreas rurales implica una evidente desigualdad socio-territorial. Ésta se asocia a la despoblación y a la baja densidad de habitantes, a las menores oportunidades de empleo y a un déficit de servicios sociales.

A esta desigualdad de accesibilidad se añade la no menos marcada desigualdad de género en el medio rural español. Las mujeres tienen menos oportunidades laborales en este medio y más precariedad socio-laboral (contratos temporales, estacionales y a tiempo parcial). Su trabajo está invisibilizado, a pesar de que el 82% de las mujeres rurales trabaja en explotaciones agrarias. Las mujeres, además, asumen más los roles tradicionales de cuidar a la familia y personas mayores en un territorio que, en muchas partes, presenta un alto envejecimiento (doble carga de trabajo femenina). La conciliación también es una utopía en el ámbito rural por la escasez o ausencia de guarderías y centros de día para mayores y personas con discapacidad.

La masculinización poblacional rural es un indicador de  la emigración de mujeres a las ciudades, en especial las más jóvenes, una generación cuyas prácticas cuestionan los roles tradicionales de género, asumidos en mayor medida por generaciones anteriores. Sin embargo, la ‘desagrarización’ del medio rural –la tendencia a disminución de la población activa dedicada al sector agrario–, se asocia a una ocupación predominante por mujeres del creciente sector de actividades económicas relacionadas con los servicios (turismo, comercio, sanidad, educación, atención a la dependencia, etc.), lo que explicita la polarización del trabajo remunerado femenino.

La tasa de denuncias por violencia machista y de consultas al teléfono 016 es inferior en las Comunidades Autónomas más rurales. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 indica que las mujeres de entornos rurales (definidos como aquellos de hasta 2.000 habitantes), manifiestan haber vivido violencia física por parte de cualquiera de sus parejas a lo largo de su vida en menor proporción (6,6%) que las de ambientes urbanos (10,9%); y el 71,2% declara no haber sufrido ninguna violencia machista en el medio rural frente al 64,3% en el urbano. También las mujeres de municipios con poca población usan en menor proporción los servicios de la policía o los juzgados ante la violencia de género, o para interponer una denuncia (17,1%), que las residentes en municipios de mayor tamaño poblacional (29,1%). Sin embargo, la realidad socio-territorial puede ser más compleja. El Barómetro de la violencia Machista de Cataluña detecta la menor tasa de violencia machista en algunas áreas rurales, aunque no identifica diferencias significativas estadísticamente entre áreas rurales y urbanas.

Probablemente en el medio rural el reconocimiento de la violencia de género, y en particular la psicológica, es menor, en especial en las mujeres de más edad, más acostumbradas a ‘obedecer, oír, ver y callar’ que las generaciones más jóvenes. En las comunidades rurales existe un intenso control social, el miedo a qué dirán por una menor privacidad, por vergüenza personal y familiar, por miedo a la estigmatización, por la ausencia de anonimato propia de las comunidades pequeñas. En los municipios de menos de mil habitantes las mujeres se muestran muy reticentes a hablar de esta violencia al considerarlo un asunto privado. Las víctimas de maltrato del medio rural, definido como localidades de menos de 2.000 habitantes, escuchan menos la reacción de sus familiares que las del medio urbano.

La confidencialidad es muy importante en los servicios policiales y asistenciales en el medio rural. En áreas rurales del País Vasco, por ejemplo, si una situación de violencia de género se conoce, puede conllevar críticas hacia la víctima mientras que el maltratador encuentra impunidad en el silencio vecinal. Las expertas indican que la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes que sufren maltrato en el ámbito rural es mayor por prejuicios xenófobos, su situación irregular o su precariedad laboral.

Por otra parte, las mujeres que sufren violencia de género en el medio rural tienen menos acceso a recursos asistenciales, de seguridad y protección. En Andalucía, el 84% de las mujeres atendidas cada año por la red de atención directa a la mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, procede de zonas rurales, y muchas de ellas acuden por una situación de violencia machista. Evitan en ocasiones hacerlo en su propio municipio y optan por municipios cercanos o ciudades con mayor población en dónde sentirse más libres y menos señaladas a la hora de declarar sobre su situación y pedir ayuda.

A veces predomina un enfoque asistencialista como víctimas en vez de un impulso al empoderamiento. Por eso es esencial el papel de las asociaciones de mujeres en el medio rural. Así, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) fomenta la igualdad y el progreso para las mujeres del medio rural. Su Presidenta, Teresa López, considera en relación a la violencia de género que las mujeres sufren una triple dependencia en el ámbito rural: una dependencia física debida al mayor aislamiento; psicológica por menor cantidad de redes personales y sociales, y económica por la escasez de oportunidades laborales (la tasa de desempleo de las mujeres rurales es el 42%).

Los resultados expuestos y las condiciones peculiares de su hábitat de residencia permiten concluir que las mujeres rurales son más vulnerables, presentan un riesgo de violencia de género alto. Dicho de otra forma, el medio rural presenta un alto riesgo estructural de violencia de género. Esto sugiere, además, una brecha entre la violencia machista registrada y la real mayor que en el medio urbano.

 

La violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad de género, y los feminicidios la más extrema de la violencia de género.

En España, el 36% de los feminicidios ocurren en el medio rural y el 44% de los homicidas procede de este ámbito (en concreto, de la demarcación a cargo de la Guardia Civil). Los feminicidios con denuncia previa contra el homicida definen un perfil de agresor con mayor probabilidad de antecedentes por otros delitos, especialmente violentos, y procedente de un entorno rural.

El homicidio intencionado, ocurrido o no en el ámbito de la violencia de género, es la manifestación más extrema de la violencia humana y del comportamiento criminal, en dónde ya las soluciones posibles a la quiebra de la paz social no pueden dar respuesta a la víctima, pues no podemos retroceder en el tiempo, y sólo queda la prevención de hechos futuros y la aplicación del sistema penal. De ahí que exista la necesidad de más investigación sobre el feminicidio. Así lo reconocen Jill Radford y Diana Russell, autoras de la antología Femicide: the politics of woman killing, o un artículo sobre los feminicidios en España, uno de cuyos autores es un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Desde el Programa PROMUJER, la Fundación Matrix contribuye con investigación y divulgación, con humildad y compromiso, a contextualizar y generar conocimiento de la violencia de género existente. También a visibilizar la violencia de género rural, de más compleja prevención selectiva y, probablemente, con mayor prevalencia que la revelada por las cifras de criminalidad.

Además, siendo una de las medidas fundamentales del Pacto de Estado contra la violencia de género, desde la Fundación Matrix hemos desarrollado el Programa POLIGÉN para completar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (tanto nacionales como autonómicas y locales), orientarles y dotarles de herramientas que les permitan detectar y actuar adecuadamente ante este tipo de actividades delictivas. Promueve la formación policial en violencia de género con una perspectiva criminológica y práctica. En especial, se apoya en análisis y divulgación de datos de la violencia de género a nivel local, con énfasis en las diferencias específicas en el ámbito rural.

Si bien la denuncia activa la mayor parte de los mecanismos de protección frente a la violencia de género, las particularidades del contexto rural y la dimensión estructural de la violencia machista hacen recomendable que las mujeres conozcan la existencia de instrumentos de asistencia y protección que no requieren denuncia previa. Esta denuncia puede no ser eficaz si tenemos en cuenta que las víctimas cohabitan con su agresor y sus familiares en poblaciones pequeñas, en las que en muchas ocasiones ni si quiera cuentan con un cuartel de la Guardia Civil.

Superar tópicos, profundizar en el conocimiento, reflexionar sobre su contexto territorial y ambiental, son sin duda necesarios para una mejor comprensión de un problema que nos incumbe a todas y todos, capaz de generar el consenso político reflejado en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Si entre un 70% y un 80% de los feminicidios en España carece de una denuncia previa contra el homicida, tenemos aún mucho que comprender sobre la realidad de la violencia de género. En algunos municipios las víctimas acuden a la Guardia Civil o a la Policía Local para pedir protección inmediata y solicitar su intermediación con el maltratador, no para denunciarlo. Promover opciones de asistencia preventiva alternativas a la denuncia es vital para las mujeres en el medio rural, aunque interponer una denuncia sea recomendable al menos en los casos de violencia física. Proveer de instrumentos adecuados para aflorar la violencia de género que sufre la mujer rural debe ser una prioridad política y social.

Julia F. Porritt, Criminóloga, Investigadora de la Fundación Matrix.

Dr. Enrique Ruiz Labrador. Geógrafo y Experto en Análisis Espacial, Responsable de I+D Geoespacial de la Fundación Matrix.

Dr. Javier Montalvo, Profesor de Ecología de la Universidad de Vigo y Director de la Fundación Matrix.

igualdad@fundacionmatrix.es

Artículo divulgativo de resultados del Programa PROMUJER, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

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